La iniciativa prevé más despidos de personal estatal y aumentos jubilatorios por decreto. Retrocesos en las leyes de bosques, glaciares y quemas. Cesión de facultades por cuatro años. Blanqueo de empleados informales. Beneficios a petroleras y grandes inversiones. Vía libre al endeudamiento en dólares. Equipajes sin control impositivo. Más financiamiento privado de la política.
— Milei anunció un DNU con más de 300 medidas: se deroga la ley de alquileres, se deregulan las obras sociales y se habilitan privatizaciones
@ale_rebossio
Así como sucedió con los más de 300 artículos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de la semana pasada, ocurre lo mismo con los más de 600 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos presentada este miércoles: a partir de su lectura, queda claro que su autor intelectual y material, el economista Federico Sturzenegger, se fue reuniendo con algunas cámaras empresariales para tallar a la medida de cada una de ellas un marco económico que favorezca al mercado, a los negocios, aunque ello vaya en detrimento de parte de la población, del medio ambiente o de otros hombres de negocios. Presentamos aquí un abecedario de los cambios económicos que presente el proyecto de ley ómnibus que el presidente Javier Milei pretende que el Congreso resuelva el próximo mes. Para la comparación de la iniciativa con las normas que viene a echar por tierra, utilizamos el nuevo informe de la consultora de asuntos públicos y parlamentarios BLapp, de Esteban Bicarelli.
Todo sobre el DNU: desde quitar multas al empleo no registrado hasta el favor al primo Caputo
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Amnistía fiscal: es el término con el que internacionalmente se denominan los blanqueos de capitales no declarados. Otros países desarrollados o emergentes adoptan amnistías fiscales, pero no con tanta frecuencia como en la Argentina, porque saben que desalienta el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El proyecto de ley autoriza a blanquear sin pagar nada a los que tienen menos de US$100.000 ocultos o aquellos que depositen dólares por dos años y sólo exige tributar del 5% al 15% a aquellos que tenga más de US$100.000.
Bosques: se elimina el artículo de la ley que los protegía con un fondo que en teoría debía equivaler al 0,3% del presupuesto nacional y se permite el desmonte en zonas rojas y amarillas, es decir, las de alto y mediano valor de conservación.
Cuatro años: el Congreso delega facultades en el Ejecutivo durante 2024 y 2025 con la opción de que el presidente prorrogue la medida por 2026 y 2027, es decir, a todo su mandato, con el argumento de que se declara una “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social”. Así Milei podría gobernar sin la intervención del Legislativo.
Despidos de empleados estatales: el Ejecutivo creará un “Fondo de Reconversión Laboral del Sector Público Nacional, que tendrá por finalidad capacitar y dar asistencia técnica para programas de autoempleo y formas asociativas solidarias, a los agentes civiles, militares y de seguridad, cuyos cargos quedaren suprimidos, de acuerdo con sus habilidades naturales y grado de instrucción para su reinserción en el marco de la demanda laboral presente y futura del mercado nacional”. “Los agentes de planta permanente y bajo régimen de estabilidad cuyos cargos resultaran eliminados por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos que componen la Administración Pública nacional o de las funciones asignadas a ellos, previstas en esta ley, pasarán automáticamente a revestir en situación de disponibilidad, por un periodo máximo de hasta 12 meses. Los agentes que se encontraren en situación de disponibilidad serán remunerados por el Fondo de Reconversión Laboral, teniendo en cuenta la antigüedad y demás condiciones que fije el Ejecutivo en la reglamentación y tendrán obligación de (i) recibir la capacitación que se les imparta; y/o (ii) desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado. Durante el período de situación de disponibilidad, los agentes públicos abarcados podrán: (i) aceptar cubrir una vacante en la Administración Pública nacional, en caso que la hubiera y cumplieren los requisitos para ello; (ii) ser contratados por empleadores privados, con los beneficios que se establecen; o (iii) formalizar otro vínculo laboral. Cumplido el período indicado de 12 meses, los agentes que no hubieren formalizado una nueva relación de trabajo, quedarán automáticamente desvinculados del sector público nacional, teniendo derecho a percibir una indemnización, que será financiada por el Fondo, igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses.
Defensa de la Competencia: se modifica la ley que la regula y se crea una Agencia de Mercados y Competencia para “investigar conductas anticompetitivas de organismos públicos”.
Empleo informal: “Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley. La regularización podrá comprender relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas”, sostiene el proyecto.
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS): sus títulos de deuda y acciones de decenas de empresas privadas como Mirgor, Molinos, Siderar, Banco Macro o Telecom pasarán de este fondo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que debería servir para garantizar las jubilaciones, al Tesoro. No se descarta su posterior venta, aunque esto no está expresado en el proyecto.
Glaciares: se acota su protección respecto de actividades como la minera a aquellos que sean “de una perennidad continua de al menos dos años o más, cuenten con una dimensión igual o superior a una hectárea y tengan una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas”. Los demás quedan desguarnecidos.
Gases de efecto invernadero (GEI): el Ejecutivo asignará “derechos de emisión de GEI a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI comprometidas por el país para el 2030 y sucesivas”. Además establecerá un “mercado de derechos de emisión de GEI, en el cual quienes hayan sobre cumplido su meta puedan vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización”.
Hidrocarburos: podrá exportarse petróleo libremente, sin necesidad de abastecer primero al mercado interno, como hasta ahora, y pondrán fijarse libremente los precios de los combustibles. “La del gas natural no se libera y queda sujeta a la reglamentación. Se ve que hay temor por el invierno”, observa el ex subsecretario de Hidrocarburos Juan José Carbajales. Además, el petróleo, al igual que la minería, quedaron excluidos de la suba de retenciones al 15% y permanecen con el 8%.
Huelguistas estatales con descuento: “será obligatorio el descuento del proporcional de haberes por los días en los que el empleado (público) haya decidido hacer uso de su derecho de huelga”, sostiene el proyecto.
Institutos culturales recortados: se elimina el Instituto Nacional del Teatro (INT), así como el Fondo Nacional de las Artes. Se recortan las fuentes de financiamiento del Instituto Nacional del Cine (Incaa) y el de la Música.
Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI): regía para la venta de propiedades compradas antes de 2018 y ya no se pagará más. Sólo tributarán 15% de Ganancias si se venden inmuebles adquiridos desde 2018. gas
Jubilados: ya no rige más la fórmula de actualización por la variación pasada de los salarios y la recaudación tributaria, que se votó por ley en 2020, sino que el Ejecutivo hará una nueva y mientras la define dará aumentos por decreto, “atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. Es decir, las prestaciones medias y altas seguirán perdiendo como en el gobierno anterior.
Kilos de pescado: “El Consejo Federal Pesquero podrá establecer una cuota de captura por especie”, dice el proyecto. “Las cuotas de captura serán asignadas por la autoridad de aplicación a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada”, agrega. El oficialismo sostiene que se busca evitar la discrecionalidad de las pesqueras, que a su vez advierten sobre el final de la industria nacional.
Lujo: se rebaja la alícuota del impuesto a los bienes personales, que ahora oscila entre 0,75% y 2,25% y que a partir de este proyecto se irá reduciendo paulatinamente hasta llegar al 0,5% en 2027.
Moratoria: se instaura un Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social. Para quien pague de contado y adhiera al régimen dentro de los 90 días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la ley habrá condonación del 50% de los intereses resarcitorios y punitorios devengados.
Nicotina: el impuesto al cigarrillo se eleva del 70% al 73%.
Obras públicas: se faculta al Ejecutivo “a disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la administración pública nacional, con excepción de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley; así como por aquellos que cuenten con financiamiento internacional”.
Política: su financiamiento también se reforma para que los partidos y los candidatos dependan más de aportes privados y menos del Estado. “Se tiende a una privatización del financiamiento, liberando de topes las donaciones de ciudadanos y empresas a partidos y candidatos, se quitan límites de gastos a partidos y alianzas, mientras el Estado aportaría menos”, advierte el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi.
Peajes: en las rutas nacionales deberán ser inteligentes, es decir, sin cabinas manuales sino con sensores automáticos.
Quema: se habilitan cuando sean para “protección ambiental del terreno” y se las autoriza tácitamente cuando el propietario del campo pida aprobación para hacerla y las autoridades competentes demoren más de 30 días en expedirse.
RIGI: es la sigla del nuevo Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones. No se establece cuánto millones de dólares hay que invertir para entrar, eso quedará en manos de la reglamentación, pero les otorga ventajas tributarias, arancelarias y cambiarias, así como estabilidad de esas reglas de juego por 30 años, como lo que rige para la actividad minera. Abarca proyectos de agroindustria, infraestructura, forestales, minería, gas y petróleo, otras energías y tecnología. Se excluyen otras actividades fabriles.
Servicios: el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado hace dos semanas que los servicios iban a pagar retenciones, como ya había ocurrido en el final del gobierno de Mauricio Macri. Pero al final fueron excluidos para alivio de Mercado Libre, Globant y tantas otras empresas que se dedican a exportar en la economía del conocimiento. En cambio, la soja y sus subproductos pasan del 31% al 33% en su carga de retenciones y los demás productos pagarán 15%, con las excepciones del complejo vitivinícola y el aceite esencial del limón, que pagarán el 8%, y otros sectores que no tributarán (los complejos exportadores olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana).
Tickets: la reventa de entradas en espectáculos queda despenalizada.
Tesla: en un guiño a la automotriz del multimillonario más grande del mundo, Elon Musk, se autorizan los autos autónomos. Ya Milei había mencionado en el DNU el beneficio para Starlink, la empresa de Internet satelital de Musk, también dueño de la red social X.
US$: se deroga un artículo de la ley de sostenibilidad de la deuda pública que “requiere de que el endeudamiento en la forma de títulos públicos en moneda extranjera bajo ley extranjera deba ser autorizado por el Congreso”, según alertó el mentor de aquella norma, el ex ministro de Economía Martín Guzmán.
Valija: aquellos productos importados que se traigan del exterior en el equipaje y sin fines comerciales dejarán de pagar el tributo actual del 50%.
Xenofobia: también se elimina el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
YPF: la petrolera y otras 40 empresas estatales quedan habilitadas para ser privatizadas.
Zafan, por ahora: los empleados que más ganan, que en octubre dejaron de pagar el impuesto a las ganancias, no aparecen en la ley ómnibus. Sin embargo, se prevé que se envíe un proyecto específico al respecto, de modo de asegurarse de que se apruebe, independientemente del riesgo de que el paquete entero sea rechazado.
AR/JJD
